TRAS BAMBALINAS. El aterrador rostro del autoritarismo y la militarización

Jorge Octavio Ochoa. Licenciado en Periodismo con estudios en la Universidad Latinoamericana (ULA) y la escuela de periodismo Carlos Septién García. Reportero, cronista, columnista durante más de 30 años en los periódicos El Día, Unomasuno y El Universal y comentarista en Radio 13 y QUADRATRIN. Fue asesor de Comunicación Social en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en el Registro Agrario Nacional (RAN). Director del proyecto LAREDSOCIAL.

Por Jorge Octavio Ochoa. A la luz del diferendo jurídico sobre Tamaulipas, los mexicanos pueden visualizar desde ahora, el tamaño de la indefensión que podrían vivir si el poder lo asume un jefe de Estado autoritario y amenazante.

En estos momentos, la Suprema Corte enfrenta una de sus etapas históricas más delicada de todos los tiempos. Ha sido colocada, por el poder Ejecutivo Federal, en una encrucijada jurídica que la exhibe como un Poder acorralado e intimidado.

Por un lado, en los próximos meses, el presidente de la Corte tendrá que decidir si admite o no prorrogarse a sí mismo su periodo por 2 años más, lo cual sería una monstruosidad legal.

Y ahora, en un encontronazo legal por Tamaulipas, un juez mantiene el fuero del gobernador hasta el término de su mandato en el 2022, pero otro juez, concede orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El problema, es que el desafuero promovido por la Cámara de Diputados federal y avalado por la sección instructora, comprende solamente el delito de peculado y gastos no reportados.

Para ser más claros: el desafuero del gobernador de Tamaulipas fue bajo el delito de defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República (FGR), el cual se radicó en el expediente 50/2021.

El fallo no abarca los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni el de delincuencia organizada, que son los cargos que se le imputan en la nueva orden de aprehensión contra el gobernador.

Es decir, el juez del Altiplano, concedió la orden, por dos asuntos que no están incluidos en el desafuero. Aun así, el presidente López Obrador y Morena siguen con la escalada, a sabiendas que está mal fundamentada y peor justificada.

La exministra y actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admite bizarramente que existe un “vacío legal”. De ser cierto esto, ahí tenemos algo más que un hueco. Las leyes mexicanas tienen un enorme boquete.

EL PESADO SILENCIO DE LA CORTE Y LA INTERVENCIÓN DE MARINA

Lo más grave de todo esto, es el ominoso, escandaloso silencio de la Suprema Corte ante el golpe judicial que han armado en Tamaulipas, que pasa por encima del Pacto Federal y pone en perspectiva el autoritarismo que se empieza a asentar.

Mas grave todavía, es que las Fuerzas Armadas tomen posiciones y abiertamente ubiquen al Poder Judicial como un “enemigo”, o como un Poder traidor que libera a los delincuentes.

¿Con qué autoridad moral afirman eso, luego de la liberación del general Salvador Cienfuegos, al que Estados Unidos tiene bajo investigación desde hace años, por presuntos vínculos con el narcotráfico?

¿Con qué autoridad moral luego de haber liberado a Ovidio Guzmán, en un solo escarceo, bajo la amenaza de que el cártel de Sinaloa les incendiaría Culiacán y todo el estado?

Con eso se dieron por vencidos y ya no lo persiguieron, aunque en Estados Unidos sigue viva la orden de captura.

Es decir, las declaraciones del Secretario de Marina, si bien ponen contra la pared al Poder Judicial y lo exhiben como una autoridad corrompida, también coloca frente al espejo a los militares.

Pero eso no es lo peor. Revela la existencia de un acuerdo explícito entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, para concederles a estos, todos los “gananciales” del aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y control de puertos y aduanas.

EL CASO BARTLETT

Puestas así las cosas, lo que podemos ver, es que en este país hay un gran vacío de autoridad moral de todas las partes. Los juicios sumarios en unos casos, se convierten en absoluta laxitud e impunidad en otros, como el caso Bartlett.

Por ese vacío de poder, por ese hoyo negro, pasa todo el abuso de poder posible. Se hace justicia sólo cuando le interesa al Presidente.

Si eres un vil ciudadano, te pueden violar y el culpable conservar su fuero, como es el caso del diputado federal Saúl Huerta.

Esa es la doble visión de la justicia, a los ojos del régimen. Día a día, se empieza a consolidar un perfil autoritario, maniatando a los otros dos Poderes a su voluntad.

Todo esto sucede, en medio del nerviosismo que se ha desatado en las huestes de Morena, ante un muy posible desplome electoral. Las encuestas encienden focos rojos en su mapa.

López Obrador ha empezado a perder la fuerza mediática y, a base de repetición del discurso, ya logró el hartazgo de una creciente porción de la población, sobre todo, esos, a los que él considera las clases de arriba, “de licenciatura para arriba”.

Era de esperarse, entre sectores que dedicaron años para mejorar sus niveles académicos y de vida, para aspirar a una situación más cómoda, y que de pronto alguien les ordene no ganar más de lo que gana el Presidente.

¿Con base en qué estudio, en qué análisis de fondo? Hay hartazgo en esos que pagaron impuestos durante la pandemia y ven que del lado de los gobernantes no hay corresponsabilidad. Usan y administran el dinero como si fuera suyo.

No hay aprobación ante la criminal indolencia con la que se ha enfrentado la desgracia de la Línea 12 del Metro, que ahonda la mortandad dejada por la pandemia del Covid19.

Las autoridades federales están felices porque la mortandad ha disminuido. Dicen que ahora no llegan ni a 100 diarios. Coloque usted una pila de 100 cadáveres en la calle donde vive, y entonces entenderá la monstruosidad que hemos vivido este último año.

Pero mire, desde hace unos años, los mexicanos tenemos la sensación de estar en medio de una disputa de cárteles, al más alto nivel, que se masacran por el control político, emprenden campañas, mientras los ciudadanos sólo observamos desde abajo.

Alguien quiere convertir la elección de junio próximo, en una guerra de clases, aunque en realidad siguen siendo los mismos partidos, que han medrado con el poder y la riqueza, como si fueran de su propiedad.

 

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