Preocupa control del Gobierno Federal sobre Sindicatos

La propuesta de crear una nueva Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales en el ámbito del Poder Ejecutivo, preocupa a la élite de líderes sindicales pues, dicen, éste órgano encubre la intención del gobierno federal de “inmiscuirse” en la vida interna de sus gremios.

Por ello, piden que las atribuciones de dicho Centro queden en la esfera del Poder Judicial, donde se certifique el cumplimiento de las directrices sobre democracia sindical. De no hacerse así, advirtieron, sólo se confirmará la pretensión de iniciar un nuevo control político, para manipular así a las dirigencias.

Como único argumento hasta el momento, legisladores de Morena promotores de la iniciativa, advirtieron que el temor es infundado pues el control del Gobierno Federal sobre los sindicatos siempre ha existido porque “cuando estaba el PRI”, ese partido veía a quién se le daba toma de nota y a quién no.

Según la iniciativa de Morena, el titular del Centro Nacional de Conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal. Es decir, el Presidente de la república tendría injerencia directa desde el arranque de su existencia.

Aún más: su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información

Se busca garantizar su debido funcionamiento como organismo descentralizado de la Administración Pública y el cabal respeto en sus funciones constitucionales mediante reglas procedimentales previstas en la Ley Federal del Trabajo, “eludiendo, desde luego, el insano apetito de los personeros del peculiar tripartismo a la mexicana, de meter las manos en el importante organismo”.

El diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena), quien presentó la iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación, indicó que se busca transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados.

El objetivo es poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo. Para ello se reformarán la ley Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.

En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.

La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.

 

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