En México, nulas garantías para el ejercicio del periodismo

El periodista Daniel Blancas, reportero del diario La Crónica, fue privado de la libertad y amenazado de muerte el viernes pasado a manos de un grupo armado en Tula, Hidalgo.

Entre diez y doce sujetos lo interrogaron, lo amagaron, lo golpearon y lo amenazaron, cuando descendió de su vehículo para tomar una fotografía mientras se dirigía de Tepetitlán a Tula.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, el reportero explicó que tenia la intención de realizar un trabajo de investigación de campo en Tula, que es el municipio con mayor incidencia de tomas clandestinas en el país.

durante un recorrido un día anterior se percató de la presencia militar en la zona, por lo que cuestionó que durante su rapto ningún militar apareció en el lugar. “No me explico cómo pudo pasar esto en la carretera principal”.

Paralelamente, el martes pasado la periodista Monserrat Ortiz, reportera de ADN40, publicó en sus redes sociales que un sujeto conocido como Carlos “N”, la amenazó con violarla y asesinarla, luego de que fuera señalado por sus antecedentes violentos contra varias mujeres en un reportaje especial dado a conocer en ese medio de comunicación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, implementar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la vida y seguridad de la periodista y brindarle la contención emocional que corresponda.

A fines de enero, en Baja California Sur, fue agredido a batazos por  sujetos encapuchados el periodista, Martín Valtierra; lo hirieron en cabeza, brazos y piernas, cuando llegaba a su domicilio, en el norteño municipio de Comondú.

Horas antes había terminado la transmisión de una denuncia ciudadana sobre fallas en servicios públicos.

Poco antes, el domingo 20 de enero se dio a conocer, a través de redes sociales, la desaparición del periodista y director del medio de comunicación Radiokashana, Rafael Murúa Manríquez.

Medios de comunicación en el municipio de Mulegé informaron que el vehículo de Rafael Murúa fue localizado en la calle 11 esquina con Constitución, en la ciudad de Santa Rosalía.

La tarde de ese domingo fue localizado sin vida en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio Santa Rosalía.

A finales del 2018, Rafael Murúa había denunciado haber sido víctimas de agresiones y amenazas por su labor periodística.

A esta cauda de agravios se suman los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez hace casi dos años, sin que hasta el momento hayan sido aclarados. El gobierno de Peña Nieto los sepultó y el actual régimen ni lo ha mencionado.

Lo más grave es que el nivel de inseguridad y falta de garantías para los periodistas no sólo se da en el ejercicio de su profesión. La violación de derechos se da desde algunos medios que los emplean.

Los sueldos actualmente en la mayoría de medios “acreditados” difícilmente supera los 10 mil pesos mensuales; no todos les ofrecen seguridad social y sólo tres o cuatro les ofrecen manuales para coberturas informativas en situaciones de riesgo.

Uno o dos medios pagan un seguro de vida especial por ese tipo de coberturas.

Esto, sin contar que las órdenes de trabajo en el 90% de los casos son “draconianas”: les asignan coberturas de 3 o 4 “fuentes informativas” y sus jornadas de trabajo pueden superar fácilmente las 18 horas, sin ningún pago adicional, como es el caso de muchos periodistas que cubren las Cámaras de Diputados y Senadores.

Lo más triste del caso es que en el gremio existe un dicho que dice: “no hay peor enemigo de un periodista, que otro periodista”. Los celos, las envidias menudean debido al famoso “chacaleo” y las “exclusivas” que todo reportero anhela tener.

Para colmo, cuando algún periodista es agredido por el tipo de cobertura que realiza, otros periodistas han comentado “pues en qué andará metido”, dando por hecho que son beneficiarios de algún tipo de negocio ilegal.

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