Austeridad afecta evaluación al gobierno

El INEGI, como la mayoría de los órganos autónomos del país, fue sujeto a la política de recortes y austeridad implementada por el nuevo régimen que ha tenido como consecuencia, la imposibilidad de evaluar adecuadamente precisamente al propio gobierno.

El diputado Antonio Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, denunció que entre otras, el INEGI suspendió las siguientes encuestas:

  • La Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo
  • La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
  • La Encuesta Nacional de Consumidores de Psicotrópicos
  • La Encuesta Nacional de Hogares
  • La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil
  • La Encuesta Nacional Sobre Confianza del Consumidor
  • El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial

De hecho, el INEGI recortó su presupuesto salarial a pesar de su amparo ante tribunales de los 68 principales cuadros directivos y redujo gastos médicos, separación voluntaria, entre otras cosas.

Segundo: en México hay 72 penales federales, hay 136 penales estatales y más de dos mil cárceles municipales.

 
Es aceptado por todos que nuestro sistema carcelario es la “universidad del crimen”. El sistema carcelario mexicano se ha convertido en protección para los jefes y capos que desde ahí organizan, agreden; organizan a la delincuencia y agreden a los ciudadanos.
 
Somos el país, diputadas y diputados, en América, calificado en protección de derechos humanos, en efectividad de readaptación cercano a los países centroamericanos.
 
¿Quieren recordar los conflictos en “Topochico”? ¿En Tabasco? ¿En Chiapas? ¿Las decenas de asesinatos que suceden en las cárceles? Y el INEGI, una institución de alto prestigio internacional y nacional dice pues los sujetos que mejor podrían opinar… O si no mejor, los sujetos a los que habría que pedirles opinión sobre el sistema carcelario mexicano, son los que están privados de la libertad; es decir ¡los presos, los presos!
 
No serán los únicos a los que se les tomará opinión para un nuevo modelo carcelario y de readaptación de las personas privadas de su libertad.
 
Que no es un problema sencillo, que requiere presupuestos multimillonarios, que debiera estar contemplado en el Presupuesto 2020; que si hay sensibilidad del gobierno por todo lo que sucede y que son las cárceles, la miseria humana que se genera ahí y donde la autoridad es cómplice, el INEGI dice: “Necesito hacer una encuesta para pedir opinión a los que están ahí”. Supongo: Directivos, supongo los que guardan la seguridad y, sobre todo, a los presos.
 
Y a partir de ahí -para este año quizás ya no; pero para el próximo- un presupuesto que ataque de fondo el problema carcelario y la descomposición miserable en que este sistema está ahí y se hace un exhorto (como dice la diputada), un simple exhorto, dice ella “un llamado a misa” al Ejecutivo para que considere la conveniencia de iniciar los trabajos de planeación para una encuesta nacional de todo el sistema carcelario y, particularmente, los privados de su libertad.
 
¡La respuesta no puede ser: “que el INEGI cumpla con su tarea”! Si a esas fuéramos, le tendríamos que decir al Presidente y a todos los secretarios con todos los problemas que tienen: “¡Cumplan con su tarea! ¡Resuelvan las cosas! ¿Para qué van a ver…?” ¡Bueno! No quiero entrar ya en discusiones; me parece absurdo el argumento.
 
Entonces: El exhorto, compañeros, es ese: Un llamado al Ejecutivo para que se sensibilice y considere la conveniencia de una reforma seria, a fondo, radical del sistema carcelario que requiere dinero; pero que se requieren hacer, inicialmente, los estudios.

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