TRAS BAMBALINAS: Un gobierno pro-socialista que ambiciona el T-MEC

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Por Jorge Octavio Ochoa.- En apariencia, México se encuentra justo en el punto de partida para iniciar un gobierno de corte socialista, si no fuera por la extraña prisa de López Obrador por firmar con Estados Unidos el famoso T-MEC (antes TLC).

La misma ambivalencia se observa con las políticas de gobierno: por un lado pretende sepultar todos los vicios del pasado, pero en los hechos, revive planes y proyectos que ya habían fracasado en los 70. 

Es evidente la carga asistencialista, paternalista, en un Presupuesto de Egresos que reinstaura los precios de garantía en un campo donde, paradójicamente, los grandes nichos de producción son para la exportación.

Así de contradictorio y desconcertante se perfila el arranque de la 4T. Hasta los viejos aliados se encuentran bajo sospecha. Aquellos que alimentaban las manifestaciones campesinas con acarreos, son señalados de ser quienes añoran la práctica del “moche”.

No fue sólo el PAN quien plantó cara a MORENA con su ausencia en la “sede alterna” de la Cámara de Diputados, fueron los propios aliados quienes le advirtieron, luego de la burla de quedar plantados en San Lázaro, que ahora lo seguirán por todo el territorio nacional.   

Y así lo sintió ya López Obrador este fin de semana en un mitin en Chilapa, cuando algunos campesinos lanzaron rechiflas, a lo que el mandatario respondió con advertencias que sólo auguran una mayor confrontación:

“Quienes promueven esas protestas pierden el tiempo, son inútiles, se irán al basurero de la historia”. En un relampagueante análisis, dijo que las protestas “fueron propiciadas por dirigentes locales que buscan generar desestabilización”.

El Presidente se topó así con los primeros fantasmas de la rebelión pero, lejos de tender puentes de diálogo, profundizó el encono que ya de por sí ha crecido en toda la sociedad. México está dividido desde ahora.

La mano ya no está extendida, según se ve, ni para el PAN, ni PRI, ni organizaciones agrarias, ni para organismos autónomos, ni nada que desde su punto de vista tenga tufo de conservadurismo.

En ese mismo mitin, ante campesinos, sin venir al caso, también advirtió que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deberán ajustarse al recorte presupuestal que se ejerció este año, o en su caso retirarse de sus cargos.

Admonitorio, sentenció: “Ahí se están quejando algunos, estaban mal acostumbrados. Los del INE ganaban 200, 300 mil pesos mensuales. Eso ya eso se terminó, lo quieran o no lo quieran esa burocracia dorada va pa’ fuera”.

“Una cosa que hace falta, que se entienda muy bien, hacer a un lado la politiquería, la grilla, esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches, corruptos, ahora, como ya vienen las elecciones en Guerrero ahí andan alborotados, se van a ir al carajo”.

Esto lo dijo en una de las entidades más convulsionadas por la marginación, la pobreza, el atraso y, sobre todo, el control del crimen organizado, que se apoderó de las tierras para la producción de amapola y enervantes que durante muchos años surtieron a los EUA.

HAY TIRO, HAY TIRO

Esto coloca al país ante una situación delicada pues de la confrontación política, hemos pasado también a la religiosa, en una disputa en la que, como siempre, los pobres, “los de abajo”, son los que quedan lastimados y sumidos en la confusión.

Los partidarios de la 4T aducen, con mucha razón, que desde la década de los 80 México empezó a sufrir un verdadero saqueo, un desmantelamiento de bienes y riquezas nacionales que pasaron al control del capital privado.

El problema es que hoy, con el ingreso de Andrés Manuel y la 4T al poder, varios de los actores de ese saqueo, no sólo siguen vigentes, sino que se mueven dentro de las estructuras del régimen, en calidad de “súper-asesores”. Ahí están los casos de Slim y Romo.

Los fieles al Presidente recuerdan, entre otros muchos argumentos, que en 1988 empezó la venta de empresas públicas como Telmex, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas o Altos Hornos de México.

A mediados de los 90 PAN y PRI impulsaron una reforma al artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, en medio de la cual Carlos Salinas de Gortari entregó bancos propiedad de la nación “a sus amigos y socios”.

En enero de 1992 se aprobó la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió el paso a la venta de tierras ejidales y comunales, que hasta ese entonces era un verdadero tabú y una joya icónica de la reforma agraria.

Ese mismo año se modificó la ley minera para permitir concesiones al capital privado hasta por 50 años. Entonces se empezaron a privatizar minas estatales y se derogó el impuesto a la extracción de minerales.

Se dice que Salinas de Gortari entregó 6 millones 600 mil hectáreas de reservas nacionales a la empresa Peñoles, a Grupo México y Grupo Carso. Se calcula que actualmente las mineras privadas poseen el 13% del territorio nacional, más de 25 millones de hectáreas.

Para finales de ese mismo año, 1992, se abrió el sector eléctrico también al capital privado, lo que llevó a la CFE a una grave crisis financiera y a la subutilización de su planta instalada.

Un año después, con la mancuerna inicial de PAN y PRI, México firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que en ese entonces fue severamente repudiado por los partidos de izquierda. Hoy, AMLO lo desea con toda el alma.

El TLC no tuvo beneficio para millones de campesinos y la prueba contundente de ello ha sido la migración masiva de éstos hacia los Estados Unidos y el incremento exponencial de las remesas de divisas hacia nuestro país.

En medio de esa inexorable “apertura” de México, el gobierno de Ernesto Zedillo sepultó en 1995 Ferrocarriles Nacionales de México y dejó abierto el mercado para el capital privado, nacional y extranjero.

Es decir, efectivamente en las últimas dos décadas se registró un auténtico saqueo, acompañado por la corrupción de una élite política que convirtió el “moche” en una variable de las finanzas de muchas empresas, léase Odebrecht.

Pero no fueron nada más PAN y PRI. El partido que lo catapultó hasta donde ahora se encuentra, el PRD, fue partícipe de este fenómeno de corrupción y Andrés Manuel no está muy alejado de las tropelías de Rosario Robles cuando fue Jefa de Gobierno.

Ya desde los 70 y 80, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tienen catalogado a México como una zona de inestabilidad política y social que puede afectar gravemente a su nación por la inseguridad, por la narcoviolencia y el caos.  

LA TEORIA DEL CAOS

Precisamente, a partir de la teoría del caos, ahora se han abierto dos nuevos frentes de confrontación, que colocan al tema religioso como punta de lanza de presuntas pretensiones geopolíticas de dominación.

Los simpatizantes del régimen en Venezuela, los admiradores de Evo Morales y ahora los seguidores de López Obrador han empezado a colocar este elemento como parte de sus disputas teóricas.

Es así que, por ejemplo, el filósofo y teólogo Enrique Dussel sostiene que Estados Unidos propicia una “guerra santa” para provocar derrocamiento de gobiernos en América Latina.

“Se propone que el hombre deje sus costumbres ancestrales y se ponga a trabajar y entrar en la sociedad consumista capitalista burguesa”.

Del lado de los católicos, algunos sacerdotes promueven la idea de que los gobiernos de izquierda buscan generar una situación de crisis, para ello necesitan el caos y por eso están enfrentando a la población.

Necesitan el caos para que lleguen ellos a “normalizar” la situación. Normalizar significa instaurar un gobierno que se perpetúe durante años, sin que haya poder que lo pueda sacar, como ocurrió en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.

Hoy, México se encuentra en medio de esos dislates ideológicos y políticos, con una concentración de poder que sólo puede traer malos augurios, por mucha buena fe que se diga tener. Los mexicanos estamos divididos, eso es un hecho.

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