Exigen ahora más datos de presunto magistrado venal

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La Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la suspensión del magistrado Jorge Camero Ocampo por presuntas inconsistencias financieras y un depósito mayor de 80 millones de pesos debe ser investigada a fondo, de lo contrario pareciera que lo cesan por estar a favor de la suspensión del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Saldivar, fue quien anunció la suspensión, al considerar que el magistrado del Primer Circuito presentó inconsistencias “graves” sin embargo, es de todos sabido que Camero Ocampo estaba a cargo de las revisiones sobre los amparos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto.

Aunado a ello, un juez federal anunció la revocación de otras cuatro suspensiones que impedían la construcción del aeropuerto, sumada a la primera suspensión que habían obtenido el colectivo #NoMasDerroches, lo que hace suponer que los magistrados están siendo objeto de presión por parte del Gobierno Federal.

La DNE afirmó que el procedimiento que se está llevando a cabo para que a toda costa se realice la construcción del nuevo aeropuerto es muy grave y las decisiones de la SCJN reflejan un intento de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y Legislativo.

Aseveraron que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador engaña a los mexicanos al decir que “no se puede tolerar la corrupción y limpiar al Poder Judicial y Legislativo, a todo el gobierno de que no haya impunidad”, sin embargo, no actúa igual cuando se trata de funcionarios cercanos a la 4T.

En ese sentido, el PRD hace nuevamente un llamado de alerta, por la manipulación que el Poder Ejecutivo hace sobre el Poder Judicial, el cual debería ser independiente y autónomo.  “No podemos permitir una regresión política, donde el Ejecutivo va a pasar y someter a los dos poderes, para cumplir sus designios y perdiéndose el equilibrio de poderes en este país”.

Insistieron que este instituto político no defenderá ninguna actuación al margen de la ley por parte de ningún funcionario, sea magistrado o miembro del poder judicial. “Lo extraño de la sanción al magistrado es que se da al tiempo de la resolución sobre los amparos de Santa Lucía. Si ya se tenía elementos de acciones ilegales se debió haber procedido en tiempo y forma pues una remoción en estos momentos solo abona a la especulación”.

Sin embargo, dejaron claro que el PRD apoyará el combate a la corrupción dentro del poder judicial.

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